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El Correo del Caroní en el foco

Bajo la sombra alargada del autoritarismo, la prensa en Venezuela lucha por superar las cicatrices que dejaron las represalias que se sostuvieron por más de una década a los que portaban el poder de la palabra.

En el corazón del oriente venezolano se sitúa la ciudad de Caroní, conocida por su rica biodiversidad y fortaleza en la industria ferrosiderúrgica. A lo largo de sus calles se escucha el eco de la libertad de expresión rebotando en paredes manchadas de miedo y censura, mientras el gobierno de Nicolás Maduro afirma sostener la bandera de la verdad. El Correo del Caroní, un faro de periodismo en la región, se ha convertido en blanco de una hostilidad. Es aquí donde la batalla por la libertad de prensa se libra día a día, en un esfuerzo por mantener encendida la llama de la información.

El gobierno venezolano argumenta que los medios son peones en un ajedrez geopolítico mayor, manipulados por intereses extranjeros y la oposición interna. Rider Quintero, ex jefe de comunicaciones en campañas electorales del PSUV y director de Radio Caroní, asegura que en la última década se han tenido muchos puntos de polarización entre ambos bandos políticos, sin embargo, existe pluralidad ideológica siempre que se diga con respeto.

A raíz de esto, la cruzada del oficialismo contra ciertos medios es una defensa contra la desinformación y un intento de preservar la paz nacional. Sin embargo, para los periodistas que recorren los pasillos de El Correo del Caroní, estas palabras suenan a un guion bien ensayado destinado a justificar actos de represión y control sobre las voces que transmitían ideas diferentes.

El conflicto entre la libertad de prensa y el poder estatal se personificó cuando Yamal Mustafá, una figura prominente en la industria Ferrominera, presentó una denuncia por difamación contra el diario en el año 2013. Clavel Rangel, periodista responsable de la nota investigativa publicada por El Correo que levantaba posibles actos de corrupción en la empresa que Mustafá dirigía, explica que si bien en ese momento era el gobierno nacional el que comenzó con estas investigaciones, al parecer no esperaban que un diario tan chiquito destapara actos de corrupción en la mayor siderúrgica del país.

La denuncia fue el primer golpe tangible en una serie de embates que dejarían en claro que la intolerancia a la crítica se había convertido en política de Estado.

El cerco se estrecha con estrategias más sutiles y, sin embargo, igual de debilitantes. El acceso al papel periódico, una necesidad básica para cualquier diario impreso, se vio repentinamente limitado. Oscar Murillo, editor en jefe de El Correo del Caroní, sugiere que esta escasez fue una presión calculada del gobierno, una forma de estrangular el flujo de información sin tener que recurrir a la censura directa. El papel se convirtió en un lujo, una moneda de cambio en el juego del poder, una herramienta para domar a los que osan informar.

La adversidad no se limitó a tácticas indirectas. David Natera, el director de El Correo del Caroní, fue víctima en el 2017 de un hostigamiento que escaló a un secuestro en 2020, eventos que dejaron en claro el alto precio de la verdad en Venezuela. No lo dejaron por escrito, pero los periodistas de la ciudad vieron este acto como un mensaje: la disidencia tiene consecuencias. Los reporteros y trabajadores del diario han enfrentado una realidad similar, sufriendo agresiones, amenazas y persecuciones por parte de entes gubernamentales mientras ejercían su labor periodística.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; y la Ley de Comunicación del Poder Popular, establecen claramente la importancia de la libertad de expresión desde cualquier medio. Además, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la que Venezuela otorga el mismo nivel de autoridad que a su Constitución, es clara en sus estipulaciones sobre la libertad de prensa. No obstante, en la práctica, estas leyes parecen ser meras formalidades, ignoradas por aquellos en el poder.

En medio de este escenario, voces se elevaron contra la represión como arma de miedo para generar autocensura. Michelle Bachelet, defensora de los derechos humanos en las Naciones Unidas, habló en 2022, denunciando los actos contra periodistas y medios de comunicación al mundo. Sus palabras están inmortalizadas en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha registrado los ataques contra la prensa en Venezuela. Su informe del 13 de octubre de 2015 hace una descripción detallada sobre las heridas infligidas a la prensa está albergado en el refugio digital de Foro Penal. Esta institución ha sido una voz constante en la denuncia de estas violaciones, pintando un cuadro claro de un país donde la prensa navega contra corrientes peligrosas en su búsqueda incansable de la libertad.

Como cuando se va la luz y la acción natural es ir a buscar una vela o una linterna, los estudios publicados sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela son esa luz que evitan la oscuridad total ante organismos internacionales. Estas pequeñas luces alumbran más hacia afuera que hacia dentro. Rider Quintero considera que la oscuridad que viene del control gubernamental es consecuencia de las malas prácticas periodísticas opositoras que tienden a exagerar lo bueno y lo malo que ocurre.

En este laberinto de sombras que se extiende por las calles y los pasillos de las redacciones, una niebla de autocensura comenzó a envolver a los medios de comunicación. Como una planta que se retira del sol abrasador, se replegaron las palabras y las voces de los periodistas, buscando refugio en el silencio para evitar el fuego cruzado de amenazas y agresiones. Esta autocensura, invisible pero omnipresente, se convirtió en el fantasma que susurraba en cada esquina de las salas de redacción, recordando a los periodistas el precio de informar.

Como consecuencia de cada ataque, aunque han disminuido considerablemente, la conducta ya aprendida de zigzaguear entre lo que se puede decir o no es un arte que se enseña hoy en día en las universidades venezolanas; comentó Manuel Rengel con cierta desilusión al recordar sus prácticas de periodismo.

Es mejor hablar a medias que estar callado, dicen las calles en susurros. Fabiana Millán, locutora en Unión Radio, una emisora de noticias ya le es natural cambiar algunas palabras o no tomar noticias de ciertos medios al que el gobierno los tiene en la mira. Esta es una forma de cuidarse ella y su casa radial. Un ejemplo actual que demuestra la necesidad de perfeccionar las prácticas del zigzagueo grita el nombre de la emisora Pentagrama, cuyas oficinas han sido destruidas reiteradas veces, pero el nombre de los culpables no se dice en voz alta.

Mientras tanto, El Correo del Caroní, renacido de sus cenizas, encontró un nuevo aliento en el reino digital. Oscar Murillo, idealista de la democracia y la libertad, comenta con una sonrisa en el rostro que a pesar de todo lo vivido El Correo jamás se doblegó ante los ataques como una tarea titánica que todos asumieron con tal de poder informar y cumplir como periodistas ante la sociedad.

Trasladaron su esencia y continúan como un faro de información para sus ciudadanos. Esta transición no es solo una adaptación a los nuevos tiempos, sino también un acto de resistencia, una declaración de que, aunque el papel pueda ser restringido, la palabra escrita sigue volando libre, sin barreras, para seguir contando historia.